miércoles, noviembre 05, 2008

 

EN TUCUMAN NO EXISTE LIBERTAD DE PRENSA

ALGO MAS QUE EL DIARIO DE IRIGOYEN
Cuenta la leyenda, que los obsecuentes que rodeaban a don Hipólito Irigoyen en su segundo mandato como Presidente de la Nación, cuando ya estaba anciano, le escribían un diario donde solamente le presentaban las noticias que el caudillo radical deseaba leer.
José Alperovich va un poco más allá, porque desde político bisoño siempre deseó poseer un medio de comunicación no sólo para auto complacerse, sino para destinarlo exclusivamente a propalar su imagen en forma grosera y permanente. Tuvo un paso sombrío como Presidente de Canal 10, donde se produjo un incendio en el local que hizo evaporar valiosos elementos de esa empresa.
El Canal 10 le resultó indispensable para ser Gobernador, y a partir de su apropiación comenzó el montaje de un Sistema Electoral cuyo núcleo central lo constituye el Partido Justicialista y el Régimen Electoral surgido de la Reforma Constitucional, con una ley de Lemas disfrazada. El funcionamiento de este aparato se complementa con un Sistema de Información Pública perverso, que hace pívot en Canal 10 y se halla integrado por una red de medios de comunicación financiados desde la chequera del Gobierno.
Este sistema se encarga de publicitar a Alperovich fomentando la imagen del candidato único. Desde las 7:00 horas de la mañana hasta pasada la medianoche de cada jornada se satura la pantalla con su imagen y con conocidos slogan, para introducir esa idea. No puede aparecer otro dirigente político en ese Canal, a menos que vaya a enaltecer la imagen del candidato único. Por supuesto todo financiado por chorros de dinero que salen del bolsillo del Pueblo.
Pieza clave de este montaje fascista, resulta Raúl Armisen quien, como el celoso guardián de un tesoro, determina el contenido de cada una de las emisiones. Decide en soledad que es lo que va al aire y que es lo que no sale, en función siempre de la primigenia idea del candidato único.
Cualquier análisis del esquema de poder montado en Tucumán debe presuponer que su pieza clave es el canal 10 de Televisión. De lo que es fácil deducir que Alperovich puede prescindir de muchas cosas, menos de ese estratégico medio de comunicación. De ahí su permanente obsesión de apropiarse o controlarlo.
Por ello, no es de extrañar que las actuales maniobras tendientes a desapropiar a New Line, formen parte de un esquema de apropiación ilegal de mediano plazo, donde el propietario definitivo sea una empresa nueva controlada por Alperovich Group. En este esquema resulta una pieza clave la Universidad Nacional de Tucumán, cuyo prestigio, ganado a lo largo del tiempo mediante el esfuerzo de muchas personas honorables, acaba de descender a los confines de la indecencia en la última asamblea realizada. La elección del actual rector fue política y su conducta ratifica el criterio sustentado por quienes opinaban que sin la “ayuda” de José, no hubiera llegado jamás a ocupar ese cargo. Sin minimizar su poder institucional, se debe admitir que el CPN Cerisola no es el único responsable en el manejo de la primera Casa de altos estudios tucumana. Habrá que preguntarse si su actitud se halla respaldada por los demás responsables de la conducción universitaria, o el resto admite mansamente su complicidad en las decisiones tomadas.
De todos modos, y al margen de las especulaciones futuras, se ha configurado un mamarracho, donde los poderes del Estado se hallan al servicio de la ilegalidad. La Dirección de Personas Jurídicas dependiente del Gobierno Provincial, fue severamente cuestionada por el fallo de la Exma. Cámara Civil y Comercial Común del 09 de abril de 2008, que deja sin efecto la sentencia de fecha 24/11/2005 que dispuso la intervención judicial de Canal 10. En uno de sus considerandos, pone en duda su atribución para reexaminar una reforma societaria, que previamente, había sido aprobada por ella misma, mediante su Resolución 415/99 (DPJ) de fecha 15 junio 1999. Esto pone de manifiesto la existencia de una dualidad de criterios sospechosa y aparentemente destinada a favorecer el uso del Estado en provecho personal de los Gobernantes de turno. Esta actitud de la Dirección de Personas Jurídicas de solicitar la intervención judicial de una sociedad, cuyas decisiones eran conocidas y aprobadas por esta autoridad de control, sobre la base de inciertas circunstancias posteriores, deberían haber originado cuanto menos, la iniciación de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades. Ello jamás ocurrió.
Por otra parte, el oficialismo le atribuye al Comité Federal de Radiodifusión facultades que este Ente no posee. Cuando la empresa titular de una licencia decide su fusión, venta o transformación, el COMFER interviene únicamente para verificar si la firma se halla facultada para hacerlo. Pero no interviene para aprobar o desaprobar ninguna operación comercial, porque la ley de Radiodifusión no determina esa competencia.
Los allegados a Irigoyen tenían menos dificultades, además de alentar propósitos complacientes. Alperovich no tiene límites. Van por todo.

Renzo Cirnigliaro

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